Más de un año después del plazo establecido a nivel nacional, el Congreso de Puebla presentó una propuesta para actualizar la Constitución del estado y reconocer a los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas como grupos con derechos propios, personalidad jurídica y patrimonio propio.
La iniciativa fue presentada por el presidente del Congreso local, Pavel Gaspar Ramírez, quien plantea modificar el artículo 13 de la Constitución de Puebla para alinearlo con una reforma federal aprobada en septiembre de 2024.
La reforma federal estableció que los estados tenían 180 días para hacer cambios en sus propias leyes, pero Puebla no realizó esta actualización dentro del periodo señalado. Por ello, la iniciativa reconoce que existe un retraso en la armonización de las normas estatales.
Entre los cambios propuestos destaca que los pueblos indígenas puedan ser reconocidos legalmente como comunidades con capacidad para tomar decisiones sobre asuntos que les afectan, administrar su patrimonio y ejercer sus propios sistemas de organización.
También se plantea reconocer sus formas tradicionales de impartir justicia, siempre dentro del marco legal, así como garantizar que sean consultados antes de aprobar leyes o realizar acciones de gobierno que puedan afectar directamente su vida, territorio o cultura.
La propuesta incluye además medidas para proteger las lenguas indígenas, impulsar la medicina tradicional y la partería, facilitar el acceso a tecnologías y medios de comunicación, así como reconocer el trabajo comunitario como parte de su identidad cultural.
Otro punto importante es el reconocimiento de las comunidades afromexicanas como parte de la diversidad cultural de Puebla, con derechos para preservar su identidad, historia y aportaciones a la entidad.
Puebla cuenta con presencia de pueblos originarios como los náhuas, totonacas, mixtecos, tepehuas, otomíes, popolocas y mazatecos, además de comunidades afromexicanas.
La iniciativa también contempla que, una vez aprobada la reforma constitucional, el Congreso tendrá hasta tres años para realizar los cambios necesarios en otras leyes estatales.
