Ante la creciente crisis hídrica y el aumento de tomas clandestinas en la entidad, desde el Congreso del Estado de Puebla se propuso una iniciativa de reforma al Código Penal para tipificar como delito grave la sustracción y comercialización ilegal de agua potable.
La propuesta busca sancionar con hasta 10 años de prisión a quienes lucren con este recurso vital, endureciendo también el castigo para funcionarios que lo permitan.
La iniciativa es impulsada por el diputado Elpidio Díaz Escobar, quien planteó la adición de la fracción V Bis al artículo 374 del Código Penal del Estado. A fin de establecer que cualquier persona que sustraiga, se apodere o comercialice agua potable de manera ilegal enfrentará una pena de 4 a 10 años de cárcel.
Además de la privación de la libertad, los infractores deberán pagar multas que oscilan entre las 1,000 y 2,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir 117 mil 310 pesos o 234 mil 620 pesos.
La iniciativa establece que que las sanciones se incrementarán hasta en una mitad más para aquellos servidores públicos que, teniendo la obligación de supervisar el funcionamiento de las redes de agua, faciliten o autoricen tomas clandestinas, o bien, no denuncien la sustracción ilegal de la que tengan conocimiento.
