La bancada de Morena en el Congreso del Estado de Puebla presentó una iniciativa de reforma al Código Penal local que busca retirar la facultad de la Fiscalía General del Estado (FGE) de entregar a personas con alteraciones de salud mental a sus tutores o familiares, proponiendo que dicha atribución sea exclusiva de los jueces para garantizar un control judicial estricto.
La propuesta, promovida por el diputado Julio Miguel Huerta Gómez, plantea modificar el artículo 61 del ordenamiento penal con el objetivo de armonizar la legislación local bajo un modelo garantista. Según la exposición de motivos, permitir que la autoridad ministerial determine la entrega de estas personas genera una «incongruencia», por lo que se requiere la intervención jurisdiccional al tratarse de decisiones que inciden directamente en la libertad y la situación jurídica de los involucrados.
Además del control judicial, la iniciativa propone actualizar el lenguaje legislativo con perspectiva de derechos humanos. El proyecto plantea sustituir formalmente la expresión «enfermos mentales» por la denominación «personas con alteraciones de salud mental», alineándose así a los estándares internacionales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y los protocolos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para evitar términos estigmatizantes.
El cambio también delimita las responsabilidades de quienes queden a cargo de estas personas. La redacción vigente señala que los tutores adquieren responsabilidad ante terceros por los daños que causen; en contraste, la reforma establece que los responsables asumirán estrictamente las obligaciones de «atención, tratamiento y vigilancia que determine la resolución respectiva», sin perjuicio de otras responsabilidades legales que correspondan.
El documento fue dirigido a la Mesa Directiva del Congreso del Estado, presidida por el diputado Marcos Castro Martínez. De ser aprobada por el Pleno de la LXII Legislatura, la reforma entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, derogando toda disposición que se oponga al decreto.
