La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla otorgó medidas de protección a favor de Lorenzo, un niño de tres años, y de su padre, Raúl Alberto González Martínez, en medio de la disputa legal que ambos mantienen con la madre del menor por su guarda y custodia.
🚨¡Ayuda a encontrar a Lorenzo González!
Lorenzo de 3 años de edad, desapareció el pasado 17 de agosto. Fue visto por última vez en el fraccionamiento Jardines de Zavaleta.
Sus familiares temen por su integridad y solicitan el apoyo de la ciudadanía para localizarlo.… pic.twitter.com/cAO3OGSq9E
— Atmósfera (@Atmosfera_MX) August 18, 2026
Las medidas fueron emitidas este viernes 21 de agosto, un día después de que González Martínez acudiera a la Unidad de Investigación Reforma, de la Fiscalía de Investigación Metropolitana, para presentar una denuncia por presunta violencia familiar.
A petición de la agente del Ministerio Público, Margarita Sánchez, la FGE solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) implementar las medidas de protección correspondientes.
De acuerdo con el oficio emitido por la Fiscalía, se estableció vigilancia domiciliaria y auxilio policial durante 30 días naturales para Raúl Alberto González Martínez, el menor Lorenzo y sus familiares.
🚨| Madre del niño Lorenzo González, desmiente la versión que asegura que el pequeño fue localizado.
El menor de tres años fue sustraído por su padre Raúl Alberto González.#atmósfera pic.twitter.com/idKPWLFaHX
— Atmósfera (@Atmosfera_MX) August 19, 2026
Asimismo, se determinó que Alana Orduño Mojica, madre del niño, deberá abstenerse de realizar cualquier acto de intimidación contra el padre del menor o integrantes de su familia.
El caso llegó a la Alerta Amber
La disputa se hizo pública el pasado 18 de agosto, cuando la FGE activó una Alerta Amber para localizar a Lorenzo, luego de que su madre reportara que había sido visto por última vez un día antes en el fraccionamiento Jardines de Zavaleta, en Puebla.
La madre difundió la ficha de búsqueda a través de redes sociales y grupos de apoyo. Según su versión, el menor habría sido sustraído de su domicilio sin su consentimiento y señaló que el padre se había llevado documentos oficiales del niño.
También afirmó contar con una resolución judicial de custodia provisional a su favor y haber presentado denuncias por presunta sustracción de menor y violencia vicaria.
Raúl Alberto González Martínez rechazó públicamente que se tratara de un secuestro y sostuvo que Lorenzo se encontraba sano, a salvo y bajo su cuidado como consecuencia del conflicto familiar.
El padre aseguró además contar con una suspensión provisional de amparo para evitar que el menor fuera separado de él durante el litigio y señaló que no había sido notificado de una resolución que restringiera su patria potestad o custodia.
Operativo en un hotel de Cholula
La tensión aumentó durante la madrugada del 19 de agosto, cuando siete elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) acudieron al Hotel Villas Arqueológicas, en San Andrés Cholula, donde se encontraban Lorenzo y su padre.
De acuerdo con la defensa de González Martínez, los agentes intentaron separar al menor para entregarlo a su madre, pese a que —según sus abogados— no contaban con una orden firmada por un juez de control ni con personal especializado en atención a niñas, niños y adolescentes.
El padre transmitió parte de la diligencia en vivo mientras el niño permanecía dormido y cuestionó el fundamento jurídico de la actuación. Durante el procedimiento mostró el amparo provisional que, de acuerdo con su defensa, establece medidas para evitar la separación entre ambos.
Finalmente, los agentes de la Fiscalía se retiraron del hotel sin llevarse al menor y sin detener al padre.
Fiscalía ordena protección mientras continúa investigación
Tras estos acontecimientos, la FGE determinó otorgar medidas de protección para Lorenzo, su padre y familiares, al considerar necesario establecer mecanismos de seguridad mientras continúa la investigación.
Las medidas incluyen vigilancia y auxilio policial durante 30 días y buscan prevenir posibles actos de intimidación o situaciones que puedan poner en riesgo al menor o a su núcleo familiar.
La determinación se fundamenta, de acuerdo con el documento de la Fiscalía, en las facultades de las autoridades para proteger a las víctimas y realizar la investigación de los delitos, con sustento en los artículos 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
El caso permanece abierto y la disputa por la guarda y custodia de Lorenzo continúa en las instancias correspondientes. Mientras tanto, la FGE estableció medidas de protección para el menor y su padre, sin que esta determinación implique por sí misma una resolución definitiva sobre la custodia.
