Los ayuntamientos emanados de la Cuarta Transformación que mantienen convenios con TV Azteca incurren en una “deslealtad” hacia la presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó el coordinador de Gabinete del Gobierno de Puebla, José Luis García Parra.
Durante su programa “Derecho de Réplica”, el funcionario cuestionó que administraciones municipales destinen recursos públicos a la televisora propiedad de Ricardo Salinas Pliego, a la que señaló de participar en una campaña de desinformación contra la mandataria federal.
García Parra sostuvo que desde sectores de la oposición se han impulsado contenidos, incluso generados mediante inteligencia artificial, con el objetivo de desgastar la imagen de Sheinbaum. Aseguró que TV Azteca forma parte de esta estrategia.
El coordinador de Gabinete recordó que una situación similar, dijo, ocurrió con el Gobierno de Puebla, al que presuntamente se le solicitaron convenios millonarios a cambio de evitar contenidos negativos sobre sus acciones.
Según explicó, esta práctica también habría llegado a algunos municipios, donde los contratos con la televisora incluían cláusulas mediante las cuales se establecía el compromiso de no emitir críticas contra los gobiernos contratantes.
Aunque reconoció que los ayuntamientos cuentan con autonomía para decidir con qué empresas celebran convenios y destinan parte de su presupuesto, consideró que políticamente resulta incorrecto financiar a una empresa que, desde su perspectiva, mantiene una postura crítica contra la presidenta.
“Están en su derecho, pero sí es una deslealtad a la presidenta de la República financiar a un grupo que se dedica a la extorsión y a fabricar mentiras”, expresó.
García Parra aseguró que ha mantenido comunicación con presidentas y presidentes municipales de Puebla para recordarles que tienen libertad de decidir con qué empresas trabajar, aunque también les ha planteado su postura sobre la conveniencia de mantener este tipo de acuerdos.
El funcionario insistió en que los gobiernos municipales tienen autonomía, pero llamó a considerar el impacto político y moral de destinar recursos públicos a una empresa que, según sus señalamientos, participa en una campaña contra el Gobierno federal.
