Los diputados locales Azucena Rosas Tapia y Julio Miguel Huerta Gómez, integrantes del grupo legislativo de MORENA, presentaron una iniciativa en el Congreso de Puebla para sancionar con penas de seis meses a cinco años de prisión a quien presente o ratifique denuncias, quejas o imputaciones falsas en contra de maestros, directivos o personal administrativo de instituciones educativas.
De acuerdo con el documento denominado con su iniciativa los legisladores expusieron que los mecanismos de denuncia son utilizados de manera indebida con el propósito de afectar la estabilidad laboral, la reputación profesional o la permanencia en el servicio de los trabajadores de la educación. El texto detalla que estas acusaciones sin fundamento provocan investigaciones administrativas o penales, la separación temporal del cargo y afectaciones irreparables al prestigio profesional de los docentes, aun cuando posteriormente se determine que los hechos eran inexistentes.
Para frenar esta problemática, la reforma propone adicionar la fracción IV al artículo 254 del Código Penal del Estado de Puebla. La sanción aplicará formalmente contra quien, con pleno conocimiento de la falsedad de los hechos, levante o ratifique una queja o imputación ante la autoridad competente o la propia institución educativa —ya sea pública o privada— con la finalidad específica de causar un perjuicio laboral, administrativo, disciplinario o profesional al personal docente, de supervisión, directivo, de asesoría técnico-pedagógica o administrativo.
