La presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala Camarillo, promovió un juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación, apenas horas después de la detención de quien fuera su secretario de Seguridad Ciudadana, Antonio N., ocurrida el pasado 14 de agosto.
De acuerdo con la información del expediente referido, el recurso fue presentado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en Puebla, bajo el número 914/2026, con el propósito de prevenir cualquier acto que pudiera derivar en una privación de la libertad de la alcaldesa.
Sin embargo, la presentación de un amparo no significa que exista una orden de aprehensión en contra de Ayala Camarillo. Se trata de un mecanismo judicial mediante el cual una persona puede solicitar protección frente a posibles actos de autoridad que considere violatorios de sus derechos.
El Poder Judicial solicitó a la presidenta municipal precisar cuáles son las autoridades a las que atribuye los actos que pretende combatir, debido a que en la Región Judicial Centro y Centro-Poniente existen distintos jueces de control. Para cumplir con esta prevención, se le otorgó un plazo de cinco días a partir de su notificación.
En caso de no atender el requerimiento dentro del periodo establecido, el recurso podría ser desechado.
La promoción del amparo ocurrió el mismo día en que fue detenido Antonio N., quien se desempeñaba como secretario de Seguridad Ciudadana de Atlixco. La Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó posteriormente que agentes investigadores cumplimentaron una orden de aprehensión emitida por un juez de control con sede en Atlixco.
La Fiscalía señaló al exfuncionario por su probable responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y cohecho. Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó datos de prueba y solicitó su vinculación a proceso; la defensa pidió que la situación jurídica se resolviera dentro del plazo constitucional de 144 horas.
Hasta el momento, cualquier responsabilidad penal deberá ser determinada por las autoridades judiciales correspondientes y bajo el principio de presunción de inocencia.
