Los servidores públicos están obligados a presentar su declaración patrimonial y de intereses como parte de los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y prevención de posibles actos de corrupción o enriquecimiento ilícito.
El artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación de los servidores públicos de presentar una declaración de situación patrimonial y de intereses. A su vez, los artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) señalan que todas las personas servidoras públicas, sin importar el nivel de su cargo o remuneración, deben presentar esta información bajo protesta de decir verdad.
La legislación establece además que la declaración de modificación patrimonial debe actualizarse durante el mes de mayo de cada año.
En Puebla existe también la Plataforma Digital Estatal (PDE), un sistema que concentra información proporcionada por los entes públicos a través de sus sistemas de declaración patrimonial y permite su interconexión mediante datos estandarizados.
De acuerdo con el Informe de Gestión 2025 de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Puebla, para ese año 204 municipios ya compartían información de declaraciones patrimoniales con el sistema estatal.
Sin embargo, al revisar la información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y contrastarla con la PDE, persisten diferencias y vacíos que dificultan conocer con claridad si los servidores públicos municipales han cumplido con esta obligación.
Calpan, sin información en ambas plataformas
Uno de los casos más preocupantes es Calpan. La información disponible en la PNT señala que el municipio no cuenta con un formato para compartir las declaraciones patrimoniales en la plataforma, por lo que no es posible consultar los documentos correspondientes a sus servidores públicos.
La situación adquiere mayor relevancia porque tampoco se localizaron declaraciones patrimoniales actualizadas en la PDE, lo que deja al municipio sin información pública disponible en ninguno de los dos sistemas consultados.
Chalchicomula de Sesma: información incompleta
En Chalchicomula de Sesma también existen importantes vacíos.
En la PNT no se encuentran disponibles las declaraciones patrimoniales correspondientes a la actual administración. En la plataforma únicamente aparecen registros relacionados con el gobierno anterior, encabezado por Uruviel González Vieyra.
En contraste, en la PDE sí fue posible localizar al menos la declaración patrimonial correspondiente a José Guadalupe Méndez Rocha, actual presidente del Concejo Municipal.
La diferencia entre ambas plataformas vuelve a generar dudas sobre la actualización y publicación de esta información.
Chignahuapan, otro municipio con rezagos
Chignahuapan también presenta inconsistencias.
En la PNT no se localizaron las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos correspondientes a la actual administración. Sin embargo, en la PDE sí aparece la declaración de Juan Rivera Trejo.
El caso se suma a otros pendientes de transparencia que enfrenta el municipio y evidencia nuevamente que la información disponible en una plataforma no necesariamente coincide con la publicada en la otra.
Acatlán, sin actualización de 2026
En Acatlán tampoco se observa una actualización correspondiente a 2026 en la PNT.
Por ello, las declaraciones patrimoniales disponibles corresponden únicamente a ejercicios anteriores, entre ellas las de 2025. En la PDE, la declaración más reciente localizada de la presidenta municipal, Guadalupe Lucero Bárcenas, también corresponde a 2025.
Esto significa que, al momento de la revisión, no existe información pública que permita corroborar en ambas plataformas el cumplimiento de la actualización correspondiente a 2026.
Amozoc, con información desigual
Amozoc presenta un escenario distinto, pues mantiene parte de su información disponible; sin embargo, también existen diferencias entre ambas plataformas.
En la PNT no se localizó una declaración patrimonial del presidente municipal, Severiano de la Rosa, correspondiente a los ejercicios posteriores a 2024.
En cambio, la PDE sí contiene información relacionada con su declaración patrimonial, lo que nuevamente evidencia que los datos disponibles dependen de la plataforma que se consulte.
¿Dónde está la información?
Los casos de Calpan, Chalchicomula de Sesma, Chignahuapan, Acatlán y Amozoc evidencian que la información sobre declaraciones patrimoniales no siempre está completa, actualizada ni coincide entre la PNT y la PDE.
Estos vacíos dificultan que la ciudadanía pueda verificar si sus autoridades cumplen con sus obligaciones de transparencia.
A más de la mitad del periodo de gobierno, queda una pregunta: ¿quién supervisa que los ayuntamientos publiquen y actualicen sus declaraciones patrimoniales y qué sucede cuando no lo hacen?
La transparencia no debería depender de qué plataforma consulte el ciudadano, sino de que la información esté completa, actualizada y disponible.
