La colectiva feminista de izquierda 19 de Marzo solicitó al Congreso de Puebla instalar mesas de trabajo con especialistas para analizar mecanismos jurídicos que permitan penalizar la maternidad subrogada como una modalidad de trata de personas.
Las integrantes de la organización consideran que esta práctica implica someter a una mujer a un proceso de gestación para una familia a cambio de una remuneración económica, situación que, desde su perspectiva, puede representar una forma de explotación y mercantilización del cuerpo femenino.
Yali Figueiras, integrante de la colectiva, recordó que desde enero solicitaron al Congreso estatal desechar la iniciativa impulsada por la diputada de Morena Nayeli Salvatori, que plantea establecer un marco jurídico para legalizar la maternidad subrogada.
La propuesta permanece en comisiones y hasta ahora no ha sido sometida a discusión ante el pleno del Congreso local.
Para la organización, retirar la iniciativa no sería suficiente. Por ello, plantearon la necesidad de construir un marco legal que sancione esta práctica y establecer mecanismos para prevenir posibles casos de explotación.
Como referencia, las activistas citaron los planteamientos presentados durante el Foro Internacional “Los Derechos Humanos y la Maternidad Subrogada”, realizado el pasado 2 de septiembre en la Cámara de Diputados.
Durante ese encuentro se expuso que las agencias internacionales dedicadas a la subrogación de vientres generan ingresos estimados en 28 mil millones de dólares anuales, cantidad que podría alcanzar los 78 mil 680 millones de dólares para 2031.
También se alertó sobre la llegada de agencias internacionales a México. Olivia Maruel, activista suiza-franco-estadounidense y portavoz de la Declaración de Casablanca, señaló que empresas establecidas en Estados Unidos y otros países del Norte Global comienzan a operar en territorio mexicano.
De acuerdo con lo expuesto en el foro, estas agencias podrían aprovechar vacíos legales y condiciones de vulnerabilidad económica de mujeres en distintos estados, entre ellos Puebla.
Las activistas señalaron que las agencias intermediarias pueden cobrar a personas extranjeras entre 70 mil y 90 mil dólares por los procedimientos, mientras que la cantidad destinada a las mujeres gestantes representaría alrededor del 10 por ciento de esos ingresos y, en el mejor de los casos, hasta 20 por ciento.
Ante este escenario, la colectiva pidió abrir un diálogo especializado con organizaciones, especialistas y personas expertas en derechos humanos, género y trata de personas.
El objetivo, señalaron, es analizar las implicaciones de la maternidad subrogada y determinar qué mecanismos jurídicos podrían utilizarse para sancionarla cuando implique explotación o trata de personas.
Las integrantes de 19 de Marzo sostienen que la práctica puede relacionarse con este delito debido a la mercantilización de los cuerpos y al riesgo de convertir la gestación y el nacimiento en actividades sujetas a una lógica comercial.
