Dos hombres, familiares entre sí, que eran buscados por autoridades del Estado de México por su presunta participación en el delito de extorsión agravada, fueron detenidos en la ciudad de Puebla y posteriormente entregados a las autoridades mexiquenses.
Los detenidos fueron identificados como Aldo N., de 41 años, y Gabriel N., de 65 años. La doble captura fue confirmada este viernes por la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), que informó que el operativo se realizó en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
De acuerdo con la información oficial, las autoridades mexiquenses detectaron que ambos hombres se habían establecido en la capital poblana, por lo que solicitaron la colaboración de la Fiscalía de Puebla para ubicarlos y cumplimentar las órdenes de aprehensión correspondientes.
Capturan a Aldo N. en Amalucan
El primero en ser detenido fue Aldo N., quien fue localizado en la colonia Amalucan mientras circulaba a bordo de un vehículo.
Agentes de la Fiscalía de Puebla confirmaron su identidad y verificaron que contaba con un mandamiento judicial vigente emitido por autoridades del Estado de México.
La orden de aprehensión está relacionada con una investigación por el delito de extorsión con violencia y en coparticipación, por lo que fue detenido para posteriormente ser entregado a las autoridades mexiquenses.
Su familiar acudió a la Fiscalía y también fue detenido
Momentos después, Gabriel N. acudió voluntariamente a la sede central de la Fiscalía General del Estado de Puebla.
Según el reporte oficial, el hombre se presentó para preguntar por su familiar, Aldo N., luego de enterarse de su detención. Sin embargo, al verificar sus datos, los agentes confirmaron que también contaba con una orden de aprehensión vigente en el Estado de México.
Por este motivo, Gabriel N. fue detenido en las instalaciones de la propia Fiscalía.
Finalmente, ambos hombres fueron entregados a personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que se encargará de trasladarlos a esa entidad y ponerlos a disposición del órgano jurisdiccional que los requiere.
Será la autoridad judicial correspondiente la que determine su situación jurídica y defina las responsabilidades que pudieran derivarse de las acusaciones en su contra.
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