El secretario de Gobernación de Puebla, Samuel Aguilar Pala, informó que el Ayuntamiento de San Andrés Cholula mantiene a 152 elementos de la Policía Municipal que aún no han concluido los procesos de certificación exigidos por las autoridades de seguridad pública, situación que deberá ser atendida por la administración local.
🚨 El Gobierno de Puebla informó que en San Andrés Cholula hay 152 policías municipales que no han concluido sus procesos de certificación.#atmósfera pic.twitter.com/ztO7HlXTRE
— Atmósfera (@Atmosfera_MX) June 15, 2026
El funcionario estatal señaló que la acreditación de los cuerpos policiales es un requisito fundamental para garantizar que los agentes cuenten con los exámenes de control y confianza, capacitación especializada y preparación operativa necesarias para desempeñar sus funciones conforme a la normatividad vigente.
Indicó que el Gobierno del Estado mantiene coordinación permanente con los municipios para fortalecer sus instituciones de seguridad y avanzar en la regularización de los elementos que presentan rezagos en los procedimientos establecidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Consejo Estatal de Seguridad Pública.
Las declaraciones de Aguilar Pala se dieron luego de la controversia generada por la detención de una mujer en San Andrés Cholula durante el fin de semana, caso que provocó cuestionamientos sobre la actuación de policías municipales y un posible uso excesivo de la fuerza.
Sobre este hecho, el titular de la Segob estatal explicó que corresponderá a la Fiscalía General del Estado y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla determinar si existieron irregularidades en el procedimiento o alguna vulneración a los derechos de la persona involucrada.
Precisó que ambas instancias ya realizan las investigaciones correspondientes y serán sus resoluciones las que permitan deslindar responsabilidades, en caso de acreditarse conductas indebidas por parte de los servidores públicos que participaron en la intervención.
Asimismo, recordó que la Comisión de Derechos Humanos abrió expedientes para revisar la actuación policial y analizar si el uso de la fuerza se ajustó a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
