El feminicidio de Leyla Monserrat Lares Becerra, una adolescente de 15 años originaria del ejido El Desierto en el municipio de General Plutarco Elías Calles (cerca de Sonoyta), ha vuelto a encender la indignación nacional. El crimen ocurrió el 25 de septiembre de 2025 y las responsables son dos menores de edad que decían ser sus amigas.
Según la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), las dos adolescentes —de 15 y 13 años— engañaron a Leyla con el pretexto de una “sorpresa” o fiesta. La citaron en una casa, la sentaron en una silla, le vendaron los ojos y le ataron las manos. Mientras la joven reía pensando que era un juego, le colocaron una cuerda en el cuello y la asfixiaron hasta matarla. Todo quedó grabado en video con un celular. El cuerpo fue enterrado en el patio de la vivienda para ocultarlo. Días después, el 1 de octubre de 2025, fue encontrado.
La investigación determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica. Las menores confesaron los hechos y el video fue prueba clave. Antes del crimen, Leyla había sido víctima de acoso escolar por parte de las mismas agresoras, quienes incluso la humillaban en redes sociales por su color de piel.
El caso se procesó bajo el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. En marzo de 2026, un juez dictó sentencia: la joven de 15 años recibió dos años y 10 meses de internamiento; la de 13 años, 11 meses de libertad asistida; y ambas deberán pagar de manera conjunta poco más de 5 mil pesos por reparación del daño moral.
La madre de Leyla, Carmen Becerra, ha exigido justicia en medios y redes. “Son asesinas, no son niñas”, ha declarado, y anunció que apelará la sentencia. La familia considera las penas una burla ante la gravedad del feminicidio.
El caso ha reabierto el debate nacional sobre si los menores que cometen delitos graves como feminicidio deben ser juzgados como adultos. Colectivos feministas y miles de personas en redes exigen reformas a la ley para que hechos como este no queden en sanciones mínimas.
Hasta ahora, la FGJE mantiene que se respetó el debido proceso para adolescentes, pero la sociedad sonorense y nacional sigue exigiendo #JusticiaParaLeyla. El dolor de una madre y la impunidad percibida mantienen vivo el caso en la opinión pública.
