Gabriel N., alias “El Tato”, señalado por las autoridades como presunto autor intelectual del ataque contra el centro nocturno Lacoss, obtuvo su libertad condicional tras una audiencia realizada en Casa de Justicia de la 11 Sur.
De acuerdo con información oficial, el hombre abandonó el penal de San Miguel el pasado 25 de agosto, luego de permanecer aproximadamente nueve meses privado de la libertad por un proceso relacionado con delitos contra la salud.
Durante la audiencia, un juez de Control determinó modificar la medida cautelar de prisión preventiva y permitir que Gabriel N. continúe su proceso en libertad. Esta determinación no significa que haya sido absuelto de los cargos que enfrenta.
Sin embargo, su liberación generó preocupación debido a que el señalado tendría mandamientos judiciales pendientes relacionados con el ataque ocurrido el 18 de noviembre de 2025 contra el bar Lacoss, ubicado en la colonia Popular Coatepec, en Puebla capital.
El ataque armado y posterior incendio del establecimiento dejó un saldo de siete personas muertas, principalmente trabajadores del lugar. El caso fue relacionado con una ola de violencia que en su momento afectó a distintos centros nocturnos de la zona metropolitana de Puebla.
Gabriel N. ha sido señalado además como presunto extorsionador y cobrador de piso. Ante su salida del penal, la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto ya realiza las acciones necesarias para ejecutar las órdenes de aprehensión que permanecen vigentes y lograr su eventual recaptura.
La Fiscalía General del Estado también habría solicitado investigar la actuación del juez que modificó la medida cautelar y permitió la salida de Gabriel N., a fin de determinar si existieron irregularidades en el procedimiento y por qué se concedió la libertad pese a los mandamientos judiciales pendientes.
Por ahora, “El Tato” continúa sujeto al proceso penal por delitos contra la salud en libertad, mientras las autoridades buscan hacer efectivas las órdenes de aprehensión relacionadas con el caso Lacoss.
La situación jurídica del acusado deberá ser definida por las autoridades judiciales conforme avancen las investigaciones y los procedimientos correspondientes.
