La senadora Mariela Gutiérrez Escalante, de Morena y ex presidenta municipal de Tecámac, Estado de México (2019-2024), reconoció públicamente que durante su gestión se aplicó eutanasia a 10 mil 962 perros.
La declaración ocurrió el 15 de abril de 2026 en una conferencia de prensa en el Senado de la República, después de que se viralizara un video en redes sociales donde la legisladora era cuestionada por activistas. Gutiérrez presentó cifras oficiales: los sacrificios se distribuyeron a lo largo de seis años y, según su versión, la mayoría de los animales se encontraban en condiciones deplorables: enfermos terminales, desahuciados, ferales (salvajes), abandonados o entregados por sus propios dueños. Algunos habían sido reportados por agresiones a personas.
#Edomex | 🐶💔 ¡Increíble!
La senadora de #Morena @MarielaGtzEsc reconoció que, siendo alcaldesa de #Tecámac, ordenó la eutanasia de 10,962 perros.Casi 11 mil animales sacrificados en 6 años. Ella lo justifica diciendo que “fue con apego a la norma” y que muchos estaban… pic.twitter.com/NCKJDKnN3a
— Atmósfera (@Atmosfera_MX) April 17, 2026
La senadora defendió las acciones con firmeza: “Se les ayudó a bien morir, siempre con apego a la norma y a la ley vigente, nunca fuera de ella”. Explicó que más de 7 mil 300 perros fueron entregados directamente al Centro de Bienestar Animal del municipio, y que los procedimientos siguieron protocolos establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas para reducir sufrimiento tanto animal como riesgos sanitarios y de seguridad pública.
Sin embargo, la confesión generó una fuerte indignación entre colectivos de protección animal. La activista Zyanya Polastri difundió el video inicial, cuestionó la legalidad de los procedimientos y presentó un escrito ante la Oficialía de Partes del Senado exigiendo la separación del cargo de Gutiérrez Escalante. Algunas voces activistas hablan incluso de cifras superiores a los 14 mil animales.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrió una carpeta de investigación de oficio para determinar si hubo posibles delitos de maltrato animal, con base en los artículos 235 Bis y Ter del Código Penal estatal, que sancionan la muerte injustificada de animales. La indagatoria busca verificar si existieron diagnósticos veterinarios adecuados, personal capacitado y cumplimiento estricto de la ley.
El caso ha reabierto el debate nacional sobre el manejo de la sobrePoblación de perros callejeros en México: mientras algunos defienden la eutanasia como medida extrema ante problemas sanitarios y de seguridad, la mayoría de la sociedad exige priorizar esterilización masiva, campañas de adopción, educación y refugios dignos.
Hasta el momento, la senadora mantiene su postura de que actuó conforme a la ley y ha reportado recibir amenazas tras la polémica. El tema sigue en desarrollo tanto en redes como en instancias legales y legislativas.
