El mexicano Samuel Adrián fue detenido el domingo 13 de septiembre en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá. Llegó a Colombia y la Policía lo arrestó por una orden judicial de Cali. No es una captura por un delito penal. Es un arresto por desacato: un juez consideró que no cumplió una orden previa.
Adrián es creador de contenido y autor del documental Colombia: Fábrica de Niños Trans. En esa investigación habló de tratamientos hormonales aplicados a menores en la Fundación Valle del Lili, en Cali. También difundió grabaciones atribuidas al médico Mario Angulo. Ese material encendió una fuerte polémica y derivó en una disputa legal.
El juzgado le ordenó retirar contenidos. Él no lo hizo. Por eso le impusieron 10 días de arresto y una multa de 15 salarios mínimos, unos 7 mil 200 dólares. Antes de viajar, Adrián grabó un video en Panamá. Ahí dijo que sabía que podían detenerlo y que, a su juicio, lo sancionaban por denunciar un tema de interés público.
El escritor argentino Agustín Laje, informó la detención en X. Según explicó, Adrián viajó a Colombia para una conferencia y fue llevado preso al aterrizar. “Samuel Adrián acaba de llegar a Colombia y se lo llevaron preso”, escribió.
El caso vuelve a poner sobre la mesa tres preguntas: cómo se protege a los menores, hasta dónde llega la libertad de expresión y si se puede investigar y denunciar temas sensibles sin enfrentar sanciones judiciales. Adrián sostiene que no cometió un delito. Las autoridades colombianas dicen que solo ejecutaron una orden de un juez.
